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http://www.lanacion.com.ar/1656621-franco-macri-el-proximo-presidente-tiene-que-salir-de-la-campora

La dictadura militar en Argentina

24 de marzo de 1976 - 10 de diciembre de 1983 :
Suspende la actividad política
Suspende los derechos de los trabajadores.
Interviene los sindicatos. 

El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban: Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el audodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.

La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.

Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.

 

 

Algunas acciones del nuevo gobierno:

Suspende la actividad política
Suspende los derechos de los trabajadores.
Interviene los sindicatos.
Prohíbe las huelgas.
Disuelve el Congreso.
Disuelve los partidos políticos.
Destituye la Corte Suprema de Justicia.
Interviene la CGT.
Interviene la Confederación General Económica (CGE).
Suspende la vigencia del Estatuto del Docente.
Clausura locales nocturnos.
Ordena el corte de pelo para los hombres.
Quema miles de libros y revistas considerados peligrosos.
Censura los medios de comunicación.
Se apodera de numerosos organismos.

 

 

La censura

Comunicado N° 19, 24/03/76
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales. (Diario "La Prensa", 24 de marzo de 1976).

 

 

Los "subversivos"

El término "subversión" englobaba a las organizaciones guerrilleras -prácticamente ya extinguidas en marzo de 1976- pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social: obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y más... No hubo "errores" ni "excesos", sino un plan deliberado. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, El "Proceso" Militar).

 

 

La guerra sucia

La "desaparición" fue la fórmula más siniestra de la "guerra sucia": el "objetivo" era secuestrado ("chupado") por un comando paramilitar ("grupo de tareas" o "patota") donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los "desaparecidos" al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.

 

 

La represión ilegal

La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por Lopez Rega.
Distribución de desaparecidos según profesión u ocupación 

 

Obreros.........................................................................................	30,0%
Estudiantes...................................................................................	21,0%
Empleados....................................................................................	17,8%
Profesionales.................................................................................	10,7%
Docentes.......................................................................................	5,7%
Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad...........................................................	2,5%
Amas de casa...............................................................................	3,8%
Autónomos y varios........................................................................	5,0%
Periodistas....................................................................................	1,6%
Actores y artistas...........................................................................	1,3%
Religiosos.....................................................................................	0,3%

 

(Informe de la Conadep, Nunca Mas, Eudeba, 1984)

 

 

La tortura

Todos estaban incluidos en la categoría de "enemigos de la nación". La metodología implementada consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos.

 

 

Los campos de detención

Se levantaron centros clandestinos de detención y torturas. En estos laboratorios del horror se detenía, se torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en el propio centro de las ciudades del país, con nombres tristemente famosos, como la ESMA, el Vesubio, El Garage Olimpo, El Pozo de Banfield o La Perla. Existieron 340 distribuidos por todo el territorio. Locales civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas armadas fueron acondicionados para funcionar como centros clandestinos. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar: una zona dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra, donde permanecían los secuestrados. Ser secuestrado o "chupado", según la jerga represora, significaba ser fusilado o ser arrojado al río desde un avión o helicóptero.

 

 

Los desaparecidos

Debido a la naturaleza, una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. (Amnistía Internacional, en su informe sobre la desaparición de personas por motivos políticos).
Hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000.

 

 

Apropiación de chicos

Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos.
Durante la dictadura, los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, eran considerados subversivos. (Diario "Página 12", 10 de diciembre de 1995)

 

 

La noche de los lápices (16/9/76)

La operación conocida como la “Noche de los lápices”, que se desarrolló entre agosto y octubre de 1976, implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que habían luchado en defensa de un boleto estudiantil.

 

 

Madres de Plaza de Mayo

El grupo Madres de Plaza de Mayo nació en 1977, integrado precisamente por madres de desaparecidos, cuya lista engrosaron también algunas de sus fundadoras. Se convirtieron en el más activo sector de oposición al gobierno.

 

 

Desindustrialización

La pequeña y mediana empresa fue sacrificada en el altar de la eficiencia, iniciándose un proceso de acelerada desindustralizacion, ante la imposibilidad de competir con productos provenientes del exterior. La aplicación de las recetas neoliberales no resolvió, sino que profundizó los problemas económicos.

 

 

Especulación

A comienzos de 1977, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, inició un experimento monetario, denominado "la tablita". Fue un sistema de devaluaciones preanunciadas que, sumado a la "ley de entidades financieras" de junio de ese año (que liberó el mercado de dinero y dio garantía estatal a los depósitos a plazo fijo), dio comienzo a la especulación o "bicicleta financiera".

 

 

La plata dulce

La dictadura implementó un plan basado en el liberalismo monetario, que era apoyado por bancos extranjeros y organismos internacionales. El funcionario encargado de cumplir el plan económico de los militares fue José Alfredo Martínez de Hoz. Puso fin al Estado intervencionista, a la protección del mercado interno y al subsidio a empresas. Se congelaron los sueldos. Dejó actuar al mercado libremente. Los resultados finales fueron desastrosos. Hubo un gran endeudamiento externo, las industrias quebraron y, al finalizar la dictadura, se desató la inflación.

 

 

El conflicto del Beagle

Las cuestiones limítrofes entre la Argentina y Chile estuvieron condicionadas por las circunstancias políticas imperantes en cada país. Bajo regímenes dictatoriales en ambas naciones, las diferencias fronterizas estuvieron a punto de derivar en una guerra abierta. En 1978, luego de que la Argentina rechazó el fallo arbitral británico, el conflicto por el Beagle alcanzó su punto más álgido. El 8 de enero de 1979, la Argentina y Chile firmaron el Acta de Montevideo, que sometía el entredicho a la mediación del Papa. Finalmente, la propuesta papal, conocida a través del cardenal Antonio Samoré, se dio a conocer el 12 de diciembre de 1980 y fue aceptada por la Argentina en 1984 después de una consulta popular no vinculante, en la que el "sí" al acuerdo se impuso por un amplio margen de votos. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, La Política Exterior)

 

 

El Mundial '78

El triunfo final de la selección argentina en el Mundial de Fútbol ha supuesto que la Junta Militar que dirige el Gral. Videla haya cubierto con creces los objetivos que se propuso al emprender la organización del campeonato. Durante 25 días, los problemas del país argentino han pasado a un segundo plano y el título mundial conseguido por su selección los mantendrá oculto por más tiempo aún. (Diario "El País", junio de 1978)

 

 

1982: La guerra de las Malvinas

En medio de la crisis política, económica y social del régimen militar, sorpresivamente el 2 de abril de 1982, tropas argentinas recuperaron las islas Malvinas. Tras frustrados intentos diplomáticos, la fuerza de tareas británica llegó al Atlántico sur y comenzaron las hostilidades. Con hitos como el hundimiento del crucero "General Belgrano" -que produjo 322 muertos- y del destructor británico "Sheffield", la guerra concluyó el 14 de junio, con la rendición argentina. La derrota marcó el derrumbe político del régimen. El regreso de los soldados arrojó luz sobre las sospechas de lo que habían padecido, sin los pertrechos y el entrenamiento suficientes para enfrentar a los británicos. Para defender las islas del ataque de ingleses bien entrenados y equipados, la junta militar procedió a reclutar jóvenes argentinos, sin instrucción militar, la mayoría de los cuales provenía de provincias pobres del interior del país. La derrota catastrófica de Malvinas y el conocimiento de la muerte de centenares de jóvenes argentinos (más de 600), deterioraron el frente militar, pero sobre todo, la reputación del ejército, al cual se consideró como mayor responsable del desastre.

 

ACTIVIDAD PARA EL MIÉRCOLES  01 / 7 / 15 EN CLASE Y EN CASA PARA ENTREGAR .

*Realizar un cuadro con cada titulo leido y caracteristicas de lo sucedido.

Gobernabilidad Democrática

Gobernabilidad Democrática se entiende como la capacidad de una sociedad de definir y establecer políticas y resolver sus conflictos de manera pacífica dentro de un orden jurídico vigente. Esta es una condición necesaria de un Estado de Derecho junto con la independencia de los poderes y un sistema legal que garantice el goce de las libertades y derechos –civiles, sociales, políticos y culturales– de las personas. Para ello se requiere de instituciones basadas en los principios de equidad, libertad, participación en la toma de decisiones, rendición de cuentas y, promoviendo la inclusión de los sectores más vulnerables.

 Hay diferentes áreas de trabajo temáticas –Gobernabilidad Local, Descentralización y Reforma Institucional y Reformas del Sector de Justicia y Seguridad–  trabajan en la gestión de conocimiento promoviendo la participación con inclusión (en especial de mujeres, jóvenes, personas con discapacidades, personas de ascendencia africana y grupos indígenas) y el fortalecimiento de las instituciones de los gobiernos para asegurar mejores condiciones para el desarrollo humano para nuestros países en América Latina y el Caribe.

1. Ciudadanía, autonomía y juicio político

Existe lo que creo es uno de los primeros documentos que argumentan en favor de la justificación de la participación democrática en la historia de la teoría política. Se trata de un texto del sofista Protágoras¹ en el que sostiene, contra la opinión de Sócrates, que todos los ciudadanos deben participar en el gobierno de la ciudad, puesto que todos ellos poseen igual competencia política e igual capacidad de juicio para los asuntos políticos. En efecto, el sentido moral y el sentido de la justicia son compartidos por todos los ciudadanos, y esto les permite participar, deliberar, discutir y decidir sobre lo público. Debido a que todos poseemos lo que provisionalmente llamaremos capacidad de juicio político (la combinación de sentido moral y justicia), todos podemos y debemos participar. Es la capacidad de juicio la que nos iguala. Es la posesión de esa capacidad la que justifica un sistema político democrático.

Es curioso que la teoría política haya dedicado, comparativamente hablando, poca atención a este tema y a esa justificación. Y todavía resulta más curioso que la idea sofista, convenientemente invertida, haya servido como argumento para procurar la exclusión y el cierre de la esfera pública.

En efecto, cuando, no hace tanto tiempo, se excluía a los trabajadores del derecho al voto o cuando se negaba el sufragio a la mujer o cuando se relegaba a la condición de paria político a una minoría racial (o a una mayoría racial), la razón para hacerlo siempre era la misma: esos grupos sociales carecían de capacidad de juicio político. De hecho, hoy seguimos utilizando esta argumentación para justificar exclusiones que consideramos razonables: los niños o los locos. ¿Por qué excluimos a niños y a locos? Porque suponemos que su incapacidad para el autogobierno les excluye del gobierno común. Y este fue casi siempre el caso de las exclusiones antedichas: a las mujeres, por ejemplo, se les negaba autonomía individual tanto o más que capacidad de participación política; si los trabajadores no poseían otra propiedad que su fuerza de trabajo, esa era razón suficiente para demostrar su falta de autonomía en la esfera económica, que tenía como consecuencia la exclusión de la esfera política, etc.

2. La perspectiva antiparticipativa liberal-conservadora

Este tema resulta complicado. Incluso entre liberales partidarios fuertes de la autonomía individual, se ha dudado de que la igualdad de juicio político existiese realmente y de que, caso de existir, su uso generalizado fuera conveniente. Así, Jeremy Bentham consideraba que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses, pero eso no fue óbice para que recomendara formas de sufragio fuertemente restringidas. John Stuart Mill, por su lado, afirmaba que era preferible equivocarse por uno mismo que acertar siguiendo los dictados ajenos, pero al tiempo consideraba más conveniente una forma de sufragio cualificado que el sufragio universal. Contemporáneamente, Joseph Schumpeter o Giovanni Sartori creen que, debido a la complejidad de los asuntos políticos y al tipo de conocimiento especializado que requieren, un cierto grado de apatía entre los ciudadanos debe ser bienvenido en cualquier democracia representativa e, igualmente, que las decisiones políticas básicas y cruciales deben ser dejadas en manos de nuestros representantes .

La idea de implicación política siempre ha levantado sospechas entre los conservadores, que creían -y creen- que la participación intensiva de la ciudadanía divide profundamente a la sociedad en demandas, ambiciones y necesidades excluyentes. El faccionalismo y el conflicto son sus corolarios. Por lo demás, las masas de ciudadanos serían, en ese supuesto, manipuladas fácilmente por demagogos, como, por ejemplo, ocurrió en los años de la república de Weimar. Y, en este caso, los índices de participación señalarían, no a la fortaleza, sino, precisamente, a la debilidad del régimen democrático. La alta participación sería, pues, señal de insatisfacción o de deslegitimación del sistema e impactaría negativamente en la gobernabilidad.

Todo ello, según esta perspectiva, aconsejaría como más razonable para lograr gobernabilidad el uso de herramientas tales como la representación, los políticos profesionales, los expertos. El sistema representativo proveería de salidas a estas dificultades mediante la interposición de unas elites encargadas de agregar y articular intereses y demandas. Después de todo, lo importante para el liberal, en este caso, sería garantizar el ejercicio de la libertad individual, no la participación o el juicio político ciudadano.

Así, para la tradición liberal-conservadora se trataría de dar cabida al individualismo moderno, comprendiendo la democracia no como una forma de vida participativa, sino como un conjunto de instituciones y mecanismos que garantizaran a cada individuo la posibilidad de realizar sus intereses sin interferencia o con el mínimo de interferencia posible. Cada uno, movido por el autointerés, tratará de promocionar sus deseos, conectarlos con los de otros y hacerlos presentes, mediante agregación, en el proceso de toma de decisiones. Y, así por ejemplo, los partidos políticos serían maquinarias, no de participación, sino de articulación y agregación de intereses. El bien público consistiría en el total (o el máximo) de los intereses individuales seleccionados y agregados de acuerdo con algún principio legítimo justificable (por ejemplo, el principio de mayoría).

El tipo de ciudadano que se promueve desde esta visión está alejado del ideal participativo. Se supone, además, que el ciudadano liberal descrito es una construcción más realista. Básicamente porque: 1) parece más fácil comprender los propios intereses que el bien común, 2) los incentivos para participar se hallan más ligados al egoísmo de promocionar el propio interés que al logro del interés general, y 3) la promoción del propio interés asegura el incentivo para los mínimos de participación requeridos en una democracia³ . Esto conduce a la creación de una categoría de ciudadano en términos ligados a los intereses de los individuos. Como consecuencia, la actividad política y la participación pública se desincentivan al tiempo que se profesionalizan. Y esto es así, según la visión liberal, porque lo que resulta importante para la autorrealización no tiene conexión con la participación política, sino con el autodesarrollo en la esfera privada o profesional y con el control de los mecanismos de agregación de intereses. Ese control estaría ligado a la existencia de elecciones en las que los individuos, armados con el conocimiento de sus propios intereses e informados suficientemente respecto de las alternativas, eligen entre productos políticos en competición y los sujetan a su control en la elección subsiguiente. Esta comprensión de la ciudadanía no exige su participación, sino que recomienda un prudente equilibrio entre participación y apatía como una fórmula al tiempo “barata” y eficiente de gestión de la complejidad.

Carlos Marx ya advirtió que este cambio de acento, centrado ahora en los intereses, los derechos y las libertades individuales, acabaría concretándose bajo el capitalismo en la defensa de los derechos de propiedad, olvidando todo lo demás. Y hay que confesar que lo que Margaret Thatcher o Ronald Reagan dijeron después se parece bastante al reproche marxiano: la nueva derecha enfatiza los derechos de propiedad y seguridad a expensas de la participación y la libertad política. Desde este punto de vista, de lo que se trata es de conseguir un gobierno eficiente y justo, y tal objetivo será mejor servido por un pequeño grupo de políticos, burócratas y representantes, con el mínimo de interferencias, que por el uso generalizado de las habilidades de juicio ciudadano a través de la participación.

La teoría elitista de la democracia ha tratado de fundamentar empíricamente el punto de vista liberal- conservador. Sus hallazgos han sido, en cierto sentido, demoledores para el ideal participativo: los ciudadanos son profundamente apáticos, ignoran los temas políticos de debate más importantes, no desean participar, no poseen el necesario conocimiento de los asuntos políticos, prefieren centrar su autodesarrollo personal en la esfera privada o en la esfera profesional, resienten negativamente el «imperialismo» del rol político, etc. Dicho de otro modo: los ciudadanos de nuestras democracias no poseen juicio político ni aspiran a desarrollarlo y, para procurar gobernabilidad, estabilidad y democracia, de lo que se trata es de: 1) difundir el valor de la tolerancia política entre los ciudadanos y la responsabilidad entre las elites, y 2) establecer marcos institucionales que garanticen ciertas reglas del juego. Pero en ningún caso resultaría conveniente impulsar o incentivar excesivamente la participación directa de los ciudadanos en los asuntos políticos. De hecho, el establecimiento institucional de canales de participación, que raramente son utilizados por la ciudadanía, refuerza este prejuicio liberal: el equilibrio entre participación moderada y apatía, unido a reglas de tolerancia y protección de derechos, produce gobernabilidad; la incentivación de la participación extensiva produce inestabilidad, intolerancia, sobrecarga del sistema, etc.

Y esta tesis se entiende como más adecuada todavía en los casos de regímenes democráticos jóvenes que recientemente han experimentado una transición desde el autoritarismo. En efecto, ahora parecería que una desincentivación de la participación extensiva, un cierto grado de apatía, la desmovilización de algunos de los sectores más fuertemente implicados en el proceso de transición, la cesión de amplias esferas de poder a los representantes, la extensión de valores como la tolerancia, la búsqueda de éxito individual, la privatización de las diferencias entre la población, etc., producirían más gobernabilidad que sus contrarios.

Sin embargo, ¿no estaríamos en este supuesto creando alienación política en la mayoría de los ciudadanos? ¿no sería el alejamiento de la ciudadanía respecto de la participación política más peligrosa, a la larga, para la gobernabilidad que sus contrarios? Al menos así lo cree la perspectiva de análisis opuesta a la reseñada.

3. La perspectiva democrático-participativa

En contraposición a la perspectiva liberal-conservadora, la democrático-participativa intenta, precisamente, incentivar la participación y, a través de ella, desarrollar el juicio político ciudadano.

Allí donde hayan de tomarse decisiones que afecten a la colectividad, la participación ciudadana se convierte en el mejor método (o el más legítimo) para hacerlo. Y no es únicamente que la participación garantice el autogobierno colectivo y, por ende, aumente la gobernabilidad. Además, como ya se ha aludido más arriba, produce efectos políticos beneficiosos ligados a la idea de autodesarrollo de los individuos. Para los griegos era la participación en el autogobierno la que convertía a los seres humanos en dignos de tal nombre. La discusión, la competencia pública y la deliberación en común de ciudadanos iguales colaboraban a la dignidad de los participantes y a la construcción ordenada y pacífica del bien colectivo. Para los humanistas del Renacimiento el compromiso con la vita activa constituía el vínculo comunitario creador de virtud cívica. Para Tocqueville, en fin, la implicación ciudadana en todo tipo de asociaciones (civiles, sociales, políticas, económicas, recreativas, etc.) constituía un rasgo distintivo del régimen democrático. Para John Stuart Mill o John Dewey la democracia no era únicamente un sistema de reglas e instituciones, sino un conjunto de prácticas participativas dirigido a la creación de autonomía en los individuos y a la generación de una forma de vida específica. Los partidarios contemporáneos de la democracia «fuerte» o «expansiva» aspiran igualmente a hacer de la participación el centro de gravedad de sus argumentaciones.

En general, la participación es un valor clave de la democracia según esta tradición. Y esa posición privilegiada se legitima en relación con tres conjuntos de efectos positivos. Primero, la participación crea hábitos interactivos y esferas de deliberación pública que resultan claves para la consecución de individuos autónomos. Segundo, la participación hace que la gente se haga cargo, democrática y colectivamente, de decisiones y actividades sobre las cuales es importante ejercer un control dirigido al logro del autogobierno y al establecimiento de estabilidad y gobernabilidad. Tercero, la participación tiende, igualmente, a crear una sociedad civil con fuertes y arraigados lazos comunitarios creadores de identidad colectiva, esto es, generadores de una forma de vida específica construida alrededor de categorías como bien común y pluralidad.

La combinación de estos tres efectos positivos resulta favorecedora del surgimiento, en esta forma de vida, de otros importantes valores: creación de distancia crítica y capacidad de juicio ciudadano, educación cívica solidaria, deliberación, interacción comunicativa y acción concertada, etc. En una palabra, la forma de vida construida alrededor de la categoría de participación tiende a producir una justificación legítima de la democracia, basada en las ideas de autonomía y autogobierno.

Los ciudadanos serán juiciosos, responsables y solidarios, únicamente si se les da la oportunidad de serlo mediante su implicación en diversos foros políticos de deliberación y decisión. Y cuantos más ciudadanos estén implicados en ese proceso, mayor será la fortaleza de la democracia, mejor funcionará el sistema, mayor será su legitimidad, e, igualmente, mayor será su capacidad para controlar al gobierno e impedir sus abusos. La participación creará mejores ciudadanos y quizá simplemente mejores individuos. Les obligará a traducir en términos públicos sus deseos y aspiraciones, incentivará la empatía y la solidaridad, les forzará a argumentar racionalmente ante sus iguales y a compartir responsablemente las consecuencias (buenas y malas) de las decisiones. Y estos efectos beneficiosos de la participación se conjugan con la idea de que la democracia y sus prácticas, lejos de entrar en conflicto con la perspectiva liberal, son el componente indispensable para el desarrollo de la autonomía individual que presumiblemente aquellas instituciones quieren proteger. Dicho de otro modo, existe una conexión interna entre participación, democracia y soberanía popular, por un lado, y derechos, individualismo y representación, por otro. Esa conexión se apreciaría, por ejemplo, en el hecho de que estas últimas constituyen precisamente las condiciones legal-institucionales bajo las cuales las variadas formas de participación y deliberación política conjunta pueden hacerse efectivas .

Así pues, la participación ahora se contempla desde el punto de vista de sus efectos beneficiosos en la creación de mutuo respeto, de comunalidad, de confianza interpersonal, de experiencia en la negociación, de desarrollo de valores dialógicos, de habilidades cognitivas y de juicio; en definitiva, de autodesarrollo personal en la multiplicidad de esferas públicas que la democracia pone al alcance de los ciudadanos. De hecho, el autodesarrollo personal es descrito aquí, en buena medida, en términos de autodesarrollo moral .

En esta etapa de fin de milenio que hace coincidir la universalización de la democracia liberal con altísimos grados de corrupción política y de deslegitimación de los sistemas, el demócrata participativo ve en la implicación política de la ciudadanía la única salida. Es hoy casi un lugar común en muchos sistemas democráticos la idea de que resulta necesario reforzar la sociedad civil y los lazos cívicos que ésta crea. El demócrata participativo aspira a seguir esa línea y a construir nuevos y variados ámbitos de participación democrática institucional y no institucional.

De hecho, existe evidencia empírica de que el retrato del ciudadano ofrecido por el liberal-conservador no es del todo exacto. No es que la apatía sea funcional, es que no hay que confundir un seguimiento «de segundo orden» de la política con mera pasividad. En las circunstancias adecuadas, los ciudadanos reaccionan y se movilizan en defensa de sus intereses políticos y de lo que creen justo o necesario. Además, la débil voluntad de participación a veces refleja defectos del sistema, pues la utilidad de la participación para los ciudadanos no siempre es evidente. Así pues, cuanto mayores sean las expectativas de que la implicación política obtendrá resultados, mayor será la participación. Por último, el pluralismo de intereses y opiniones existente en nuestras sociedades hace que la participación no siempre deba seguir la senda institucional, sino que se disperse en una miríada de ámbitos, no exclusivamente relacionados con la política institucional, que acojen las aspiraciones políticas ciudadanas cuando otros lugares (los partidos, por ejemplo) ya no parecen los apropiados para hacerlo⁷ .

De hecho, los partidos políticos han sufrido una importante crisis en su conexión con su función de canales de participación ciudadana. Veámoslo con algún detalle.

Hubo un tiempo en el que los partidos políticos pudieron aspirar, al menos parcialmente, a justificar su existencia a través de ese valor de la participación. Durante buena parte de los siglos XIX y XX los partidos de masas incentivaban y catalizaban la participación. En tanto que organizaciones políticas, aspiraban a promover la educación política o la discusión sobre decisiones y procesos colectivos o la explicación deliberativa de las opciones y alternativas políticas, etc. También, a crear una «cultura» propia, a desarrollar ciertos valores y hábitos, a generar prácticas de solidaridad y ayuda mutua, a aumentar la capaciad de juicio político de los ciudadanos, etc. La lucha por la extensión del sufragio se unía así a la creación de «sentido de comunidad» en el seno de las organizaciones de partido. Según el discurso prevaleciente, los partidos podían funcionar como catalizadores de la participación y como canales a través de los cuales el pueblo soberano ejercía su soberanía.

Pero esta imagen y estos partidos no han sobrevivido al paso del tiempo. Aunque gran parte del discurso político que trata de legitimarlos (o sea, de ligar sus funciones a valores queridos para nosotros) continúa describiendo sus actividades de acuerdo con la imagen recién apuntada, la trasformación de sus funciones dificulta extraordinariamente esa tarea. Es cierto que siguen siendo una pieza fundamental en el entramado institucional de las democracias, y también lo es que a través de ellos los ciudadanos pueden hacerse presentes como unidad de acción efectiva en el proceso de toma de decisiones. Pero también es verdad que su conversión en maquinarias electorales ha roto con sus tendencias participativas y ha modificado sus funciones. Junto a cambios que no podemos detallar aquí (transformaciones en la estructura de clases, etc.), la transformación institucional y electoralista de los partidos tiende a convertir a éstos en organizaciones desincentivadoras de la participación. Y esto en dos sentidos: 1) tanto en lo que hace a su intento de monopolizar y disciplinar movimientos participativos que suceden al margen de su control, 2) como en lo que se refiere a los mecanismos de participación interna de los afiliados y simpatizantes. En ambas zonas los partidos intentan controlar «desde arriba» los procesos, siendo su preocupación máxima lograr una cierta estabilidad en la participación. Es decir, una especie de equilibrio entre participación y apatía que les garantice el control de esos procesos. Las razones esgrimidas para ello son variadas, pero lo cierto es que parecen encontrar eco en la población, puesto que ésta castiga severamente en las elecciones a aquellas organizaciones de partido en las que cree advertir fuertes disensiones internas (debidas, según algunos, a un exceso de democracia y participación en el seno de la organización).

En opinión de J.J. Linz , esto sugeriría que modelos como el schumpeteriano estarían en lo cierto: en la actualidad, lo que el ciudadano vota es a un primer ministro y a un gobierno y al partido que les apoya. Los partidos no son mecanismos incentivadores de la participación política, sino alternativas electorales. Pero este hecho, nos recuerda Linz, conduciría a la depreciación de la discusión, de los debates internos y de la formación colectiva y democrática de opiniones en el seno de los partidos. E, igualmente, crearía las condiciones para la subordinación oligárquica de los partidos a los gobiernos y de los gobiernos a sus líderes . Todo parece colaborar, pues, a esta tendencia antiparticipativa y, por tanto, a contribuir a debilitar los lazos legitimantes de los partidos con la categoría de participación.

Así pues, la participación en la tradición democrático-participativa no debe ser entendida en términos exclusivamente institucionales o ligada de manera excesiva a los partidos como canales de participación. Sin embargo, su valor esencial como mecanismo de educación cívica quedaría intocado para esta perspectiva, pese a las dificultades de convertir en prácticas institucionales lo que se extiende a otros ámbitos no institucionales de tomas de decisión. De hecho, hay quien opina¹⁰ que esos nuevos lugares de participación, tales como el movimiento feminista o el movimiento ecologista, pueden resultar de enorme importancia para el desarrollo de una ciudadanía crítica y con capacidad de juicio autónomo.

4. Educación cívica y valores políticos

Así pues, los demócrata-participativos creen que la participación origina toda una serie de elementos y valores extraordinariamente provechosos para la ciudadanía y su educación cívica, con un impacto muy positivo en la gobernabilidad del sistema a través de su democratización. En contraposición a esto, los liberales más o menos conservadores señalan las ventajas del sistema representativo, de un cierto grado de desimplicación ciudadana, de una cultura política más centrada en la autonomía individual, en la tolerancia y en las instituciones, que en la participación directa.

Es evidente que para ambos puntos de vista la educación cívica es importante, aun cuando los valores y actividades asociados a ella podrían ser muy diferentes si asumimos una u otra perspectiva.

Si asumimos la perspectiva liberal, el valor de la tolerancia se convierte en crucial. Los liberales confían en poder articular un Estado neutral entre las distintas concepciones del bien (al estilo de John Rawls, por ejemplo), que sea capaz de crear tolerancia negativa y desimplicada, una tolerancia pragmática que no exigiría más que una actitud de «vivir y dejar vivir» entre los ciudadanos . Esto explicaría, entre otras cosas, que los liberal-conservadores tendieran a ver el problema de la educación cívica en términos “privados” o familiares, es decir, en términos en los que lo único que se exigiría de un ciudadano sería el desarrollo de sus propias inclinaciones culturalmente valorativas en esferas privatizadas, y donde lo público apareciera como un ámbito de tolerancia mutua. Aun tratándose de una perspectiva que parece ajustarse bastante bien a algunos rasgos de la ciudadanía realmente existente, hay quien se queja de lo que podríamos llamar la “insoportable levedad del liberalismo” a este respecto. Es decir, para algunos, esto supondría una extrema “delgadez cívica” en los principios definidores de la ciudadanía liberal , que basándose en una definición de reglas mínimas de participación y tolerancia, no tendería a la ampliación de las bandas participativas ni a la incorporación a los programas públicos de enseñanza de ciertas actividades destinadas a la creación de hábitos de diálogo y deliberación conjunta.

Quizá por esa razón, los demócrata- participativos son más exigentes con la educación cívica, y aspiran a elevar el tono de la ciudadanía mediante la participación y la creación, a través de ella, de mutuo respeto y no discriminación . O sea, categorías más densas que la de tolerancia, como las de mutuo respeto y no discriminación, sólo serían susceptibles de diseminarse socialmente mediante prácticas deliberativas emprendidas en común por los ciudadanos. Pero esta exigencia comportaría tanto la necesidad de incentivar la participación extensiva a todas las zonas de la sociedad civil, como la necesidad de diseñar programas educativos estatales y globales que incidieran positivamente en el tipo de valores que se trata de incentivar (deliberación conjunta, mutuo respeto, solidaridad, etc.).

En todo caso, conviene no sobrecargar demasiado la categoría de participación ciudadana, sobre todo para no convertirla en una visión en exceso moralizante e irrealista. Y ¿cómo evitar la sobrecarga? Yo diría que para contestar a esta pregunta es necesario acudir a recientes formulaciones sobre el concepto de ciudadanía . O sea, es necesario construir un concepto intermedio de ciudadanía capaz de recoger con realismo las exigencias mínimas de lo que debe ser un ciudadano democrático, sin sobrecargarle demasiado de deberes cívicos y sin convertirle en un concepto vacío . Por decirlo con Robert Dahl, necesitamos un “good enough citizen”.

Para empezar, ese ciudadano «intermedio» debe construir su autonomía como ciudadano «reactivo», es decir, debe participar directamente reaccionando ante lo intolerable cuando así lo aconseje su juicio político. Si los mecanismos institucionales rutinarios fracasan, la acción ciudadana dirigida a restaurar la sociedad democrática a sus fundamentos morales se hace ineludible. Lo que John Rawls llamaba «reinvigorate the public sense of justice» es justo lo que obliga al «good enough citizen» a la acción participativa en cualquiera de sus variantes. Esta «obligación participativa mínima» es ineludible por razones ligadas a la autoidentidad de una sociedad democrática. No se trata aquí de intereses sino en un sentido simbólico: la acción reactiva frente a la injusticia y lo intolerable, esté o no ligada al autointerés, es siempre algo más que el mero autointerés. Es también -y fundamentalmente- la protección del «interés» en vivir en un mundo que sea posible legitimar de acuerdo con nuestros valores centrales. Si algún suceso rompe la coherencia de la autodescripción, la participación reactiva debe restaurar los mínimos de coherencia. En este sentido, el ciudadano reactivo es, ante todo, un buen juez. Un juez crítico que utiliza su reflexividad sobre los valores públicos y se constituye así en intérprete crítico de la realidad política que le rodea.

Pero para realizar esas funciones críticas, se requiere un aumento de la capacidad cognitiva del ciudadano. No se trata ya de que participe directamente sino de que sea capaz de juzgar directamente (deliberativamente) las más diversas realidades. De que sea capaz, como recomienda Robert Dahl, de empatía con los otros y sus problemas. Que sea capaz, cabría añadirse, de empatía con las decisiones de sus representantes, esto es, de pensar poniéndose en su lugar. De hecho, lo que se exige a cualquier ciudadano en cualquier democracia es empatía con aquellos que toman decisiones en su nombre como vía para juzgarles. Incluso la más delgada teoría económica de la democracia, basada en la comprensión de los actores en términos de intereses, requiere de este concepto de empatía si quiere comprender la accountability de los procesos electorales. Esta condición del juicio empático es, en esta variante de ciudadano, el lugar de desarrollo de la autonomía. Los ciudadanos son autónomos si logran desarrollar su juicio político y juzgan mediante empatía. La tradición republicana democrática asociaba esta virtud con la participación política. La tradición liberal puede asociar el desarrollo del juicio político a otras esferas y actividades , pero no puede escapar de él sin eliminar al tiempo los fundamentos mismos.

Realizar un resumen y comparar lo leído con el siguiente articulo:

http://www.calidadeducativa.edusanluis.com.ar/2006/02/educacin-y-gobernabilidad.html

El Estado Argentino

Actividad para debatir el miércoles 17/06/15.

Se conoce como el surgimiento del Estado Argentino al período de la historia de la Argentina durante el cual la autoridad de la monarquía española llega a su fin en el virreinato del Río de la Plata, el cual se disgrega en diversas unidades políticas y se produce la conformación jurídico-política de lo que hoy es la República Argentina. Con el primer antecedente en las invasiones inglesas, este proceso se inicia propiamente con la Revolución de Mayo y culmina con la sanción de la Constitución Nacional en 1853.

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FUENTE: “DEL ESTADO DEL BIENESTAR AL ESTADO DEL MALESTAR”Año: 2002.Editorial: Centro De Estudios Constitucionales y Sociológicos.
Autor: Ramón García Cotarelo

EL ESTADO DE BIENESTAR

*Palabras claves subrayadas.

 
Desde comienzos del siglo XX, el mundo experimentó profundos cambios en la organización deltrabajo y en la economía. Estos cambios fueron producto de las nuevas formas de trabajo industrial: el taylorismo (1911), y el Fordismo (de 1920 a 1970 ).



La expansión de este último, coincidió con el desarrollo del Estado de Bienestar. Este Estado Benefactor, cumplió el papel de garante de la nueva relación entre los trabajadores y los empresarios, se propuso que todos tuvieran empleo, se preocupó por lograr la igualdad de oportunidades a partir del otorgamiento de diferentes prestaciones sociales. También cumplió un papel muy importante en la economía de los países en los que se estableció: fue empresario, e intervino activamente en la economía, protegiendo las industrias nacionales .



Podría ejemplificarse como un Estado de Bienestar, al modelo político-económico que tuvo la Argentina durante las presidencias de Juan Domingo Perón. Ya que durante esos períodos, el ascenso social y las mejoras en las condiciones de vida y trabajo de los obreros, estuvieron acompañadas de un desarrollo y proteccionismo de la industria nacional.



Los gobiernos que le sucedieron al de Perón, no tuvieron las características de éste, y la trascendencia de los mismos, junto con el ascenso de presidentes como Carlos Saúl Menem,marcaron en la historia de nuestro país el fin del Estado de Bienestar.

La etapa que estamos viviendo actualmente, y la respuesta a la pregunta que nos hacemos muchos argentinos: ¿Por qué estamos así?, no es más que la consecuencia del fin del Estado Benefactor, el postfordismo y, por consiguiente, la vigencia de un Estado Neoliberal.

 Década de los 90 en Argentina

El 8 de julio de 1989, antes de lo previsto, se realizó el traspaso del mando presidencial. El nuevo presidente, Carlos Saúl Menem, había anunciado antes de asumir el cargo de presidente de lanación, que entregaría el manejo de la economía a un empresario que integraba el principal grupo oligopólico del país, Bunge y Born. Menem, por su parte y para consecuencia de quienes lo votaron, abandonó la tradicional política económica industrialista y redistributiva del peronismo, adoptó posiciones neoliberales y se alineó con los EE.UU.

Consenso de Washington

En 1989, se reunieron en Washington, los representantes del Departamento de Estado de loa Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del G-7, y presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo, en el que sólo se otorgaría ayuda financiera a aquellos países endeudados que adoptasen las medidas recomendadas por el Consenso:

- Reformar el Estado, minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación.

- Privatizar empresas de servicios públicos.

- Enajenar reservas energéticas.

- Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras.

- Aumentar la recaudación impositiva.

- Liberar el sistema financiero.

- Reducir el Déficit Fiscal.

Eran las ideas de la economía de libre mercado, que buscaban acabar con el modelo de sustitución de importaciones, eliminando las políticas de inclusión de las mayorías populares.

Gestión de Menem

A poco de asumir, Menem adoptó las medidas del Consenso de Washington, y entregó el Ministerio de Economía a Bunge y Born. Hizo aprobar por el Congreso, dos grandes leyes: la de Emergencia económica, la cuál suspendía todo tipo se subsidios, privilegios y regímenes de promoción, y autorizaba el despido de empleados estatales. La ley de Reforma del Estado, en la que declaró la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales, y delegó en el presidente elegir la manera específica de realizarlas.

Aseguró a las nuevas empresas un aumento sustancial de tarifas, escasas regulaciones y una situación monopólica por varios años. También proclamó la apertura económica. En poco más de un año, se habían privatizado la red vial, los canales de televisión, buena parte de los ferrocarriles y las áreas petroleras. Se vendió todo lo que podía venderse, y aún así, la deuda externa se cuadruplicó.

Los gobernantes, pretendían reducir la inflación importando productos baratos o mejorar la recaudación fiscal, cobrando derechos elevados. Por ello, para contrarrestar el problema del déficit fiscal, resolvieron recaudar más, aumentando el impuesto al valor agregado y a las ganancias. Restringieron al máximo los papeles del Estado (en el ámbito educativo, se llevó a cabo la "descentralización", con la que los colegios nacionales pasaron a las provincias, y en algunos casos a municipios) y la circulación monetaria, lo que redujo la inflación.

Erman Gonzáles, en aquel entonces Ministro de Economía, tomó una medida drástica, se apropió de los depósitos a plazo fijo y los cambió por bonos a largo plazo en dólares, afectando así a muchos ahorristas.

En 1991, el nuevo Ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo aprobar la ley de Convertibilidad, en la que un dólar equivaldría a un nuevo peso.

Si bien los argentinos tomaron provecho de la convertibilidad, porque pudieron realizar compras en cuotas, hacer viajes al extranjero, y utilizar tarjetas de crédito, desde el punto de vista de un economista "la Convertibilidad mató a la Argentina".

La Argentina había pasado a formar parte de la globalización, y esto fue posible "gracias al respaldo de los Estados Unidos", que impulsaba al desmantelamiento del país. El Estado Nacional tenía cada vez menos poder frente al creciente poder de los grandes grupos económicos, que fijaban los rumbos de las economías nacionales. En el caso de los trabajadores, que ya habían sido afectados con el cambio de rol del Estado, se le suma a su situación el sometimiento a las reglas de la economía.

Otra de las consecuencias de la globalización, fue la formación de un bloque económico, llamadoMercosur. El mismo está constituido por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Estos países firmaron un acuerdo conocido como Tratado de Asunción, que establecía la formación del Mercado Común del Sur. Ese acuerdo, ponía a los cuatro países en una relación de integración económica plena, y sus objetivos eran:

- Acelerar el desarrollo económico.

- Establecer la libre circulación de bienes y servicios, y aranceles externos comunes.

- Lograr una fuerte vinculación al mercado mundial mediante la consolidación de un gran espacio económico.

- Estimular el desarrollo científico y económico.

Luego se agregaron Chile y Bolivia, que tienen una participación menor.

Las consecuencias de las políticas de la década del 90’ y de la globalización, se ven reflejadas en la nueva cuestión social, que se manifiesta en la sociedad actual, y que estuvo acompañada decorrupción.

La nueva cuestión social, está caracterizada por la conjunción de ciertos factores:

- Desempleo y precarización: el modelo económico, que implementa la flexibilidad laboral, la cuál propone reducir el costo laboral a través de imponer topes y menores indemnizaciones poraccidentes de trabajo, flexibilizar el contrato temporario de personal y disminuir los topes para las indemnizaciones por despidos injustificados y el aporte patronal para la jubilación y obras sociales.

También la renovación tecnológica empeoró el mercado de trabajo, ya que produjo que el personal no capacitado quedase al márgen, y fuera reemplazado por aquel personal que si lo fuera.

Esto produjo un desempleo estructural, por la precarización y rotación permanente de la mano de obra, que debilitó a la defensa gremial y legal del trabajo.

También, el trabajo se transformó en un bien escaso, y aparecieron nuevas modalidades de empleo: temporal, discontinuo, a tiempo parcial, autoempleo, irregular o clandestino.

- Vulnerabilidad y exclusión: las personas que perdieron el empleo formal, quedaron desvinculadas de los marcos institucionales que las contenían, y debieron desarrollar estrategias para sobrevivir.

Además, las condiciones impuestas por el desarrollo tecnológico, fueron dejando progresivamente a una porción de la población lejos de cualquier posible acercamiento. Toda esa porción de la población fue víctima de la exclusión, que le dio carácter de población excedente, y que a la larga, se presentó como un efecto dessocializante y de aislamiento social.

- Ampliación de la pobreza estructural: los pobres estructurales o pobres de necesidades básicas, los cuáles no satisfacen sus necesidades básicas, en relación con la vivienda, condiciones sanitarias, educación y capacidad de subsistencia, poseen ingresos por debajo de la línea de pobreza, son los principales destinatarios de políticas del tipo asistencial, y que están lejos de ocupar la escena y de conformar activamente la opinión pública.

- Nuevos pobres y privación relativa: la diferencia básica con los pobres estructurales, es que los nuevos pobres poseen una vivienda digna y están más capacitados. Este sector caracteriza a los pobres por ingresos, y está conformado por las clases medias "empobrecidas", como los empleados públicos, docentes, jubilados, etc.

A la vez, son los más afectados por el modelo neoliberal, porque no tienen contención simbólica ni material en el mismo.

- Crisis de las clases medias: estos sectores tienen la característica de engrosar los índices de desempleo y subempleo por la reseción y el cierre de comercios. Están constituídos por trabajadores con educación media completa y hasta superior.

- Nueva violencia social e inseguridad: está representada por una violencia de tipo social, sin proyecto, y que lleva al círculo inseguridad- represión policial. Es producto de la nueva fase capitalista, que le sumó a la altísima tasa de desocupación, problemáticas en los jóvenes por la falta de contención, explotación infantil, aumento de mujeres cabeza de familia, y familias cada vez más inestables.

Esta nueva violencia, está relacionada con el crecimiento del sector ilegal y criminal.

Las situaciones económicas, políticas y sociales que se desataron en nuestro país a partir de los años 90’, se vieron agravadas con el gobierno de De La Rúa.

De La Rúa, contrariando sus promesas electivas, resolvió profundizar el modelo neoliberal: impone al parlamento la Ley de Reforma Laboral, que terminó con la última legislación protectora de los derechos del trabajador. Se les baja el salario a los jubilados, con el propósito de llevar a cero el déficit fiscal, sube el riesgo país, se produce una fuga de capitales, y por último, el gobierno interviene congelando las cajas de ahorro, lo que culminó en el llamado "corralito", y una serie de episodios violentos y "cacerolazos”

Actividad:

1)      Explique en no más de 20 renglones  LA CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR”

2)      2) Lea el siguiente texto. Realice una opinión personal haciendo un paralelismo entre el Estado en la década del ’40 y en la actualidad, en el Mundo y en Argentina.

“Todos los indicadores sociales muestran que en los últimos treinta años la calidad de vida y el bienestar social se han deteriorado de forma generalizada en todo el mundo, es decir que, aunque en diferente medida, habida cuenta de las posiciones relativas de partida, ese deterioro ha afectado tanto a los países subdesarrollados como a los países industrializados y postindustrializados de Europa y América. 

La globalización, razonan algunos, crea un mundo de ganadores y perdedores, unos pocos en el camino rápido hacia la prosperidad, la mayoría condenada a una vida de miseria y desesperación. En efecto, las estadísticas son angustiosas. La porción de renta global de la quinta parte más pobre del mundo se ha reducido del 2,3% al 1,4% entre 1989 y 1998. La proporción que se lleva la quinta parte más rica, en cambio, ha aumentado.. Algunas empresas transnacionales venden mercancías que son restringidas o prohibidas en los países industriales -medicinas de poca calidad, pesticidas destructivos o cigarrillos con un alto contenido en nicotina y alquitrán-. En lugar de una aldea global, alguien podría decir, esto parece más el saqueo global.” 

Ello significa que es posible trazar una nítida línea divisoria entre el período que va desde finales de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta aproximadamente mediados de la década de los años setenta (1973-5) y el período posterior de crisis económica internacional, que, con altibajos, se prolonga hasta nuestros días.

Aunque en el primero de esos períodos, designado como la edad de oro del Estado de Bienestar, que coincide con una época de expansión económica casi ininterrumpida, no se consiguiera eliminar los problemas de desigualdad, de concentración de capitales y otros signos de desequilibrio, lo cierto es que, en general, el período se caracteriza por haber conseguido el triunfo de un modelo socioeconómico de bienestar social, basado en los pactos políticos keynesianos de la postguerra, ratificados entre todos los dirigentes políticos europeos -lo que Dahrendorf ha denominado el pacto social-democrático-, que se tradujo en unos niveles aceptables de integración y satisfacción sociales, derivados del pleno empleo, la masiva provisión pública de bienes colectivos, el aumento regular de los salarios y la capacidad adquisitiva de los trabajadores y la utilización generalizada en los países europeos de políticas de redistribución social. Ello fue posible gracias a la obtención de altos beneficios económicos derivados de las inversiones de capital en las diferentes actividades industriales, a la definitiva implantación del capitalismo de consumo, que implicaba la implantación global de una norma de consumo obrero, lo que, a su vez se tradujo en la satisfacción generalizada de las cada vez más amplias "necesidades" sociales, inducidas por el propio sistema neocapitalista.”Como ha señalado Giddens.

*Anthony Giddens (Londres, Inglaterra, 18 de enero de 1938) es un sociólogo británico, reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas.

3)      Buscar diez ejemplos  donde se vea el paso  DEL ESTADO DEL BIENESTAR AL ESTADO DEL MALESTAR en el mundo y en el país.

4)      Reflexión final: Observe el video. ¿Qué más podes aportar para sostener el estado de bienestar?

http://www.youtube.com/watch?v=x-RCvVDZAas